La Cuestión Social y la Visión de la Iglesia
Católica de Tarapacá a través del semanario
“Las Cuestiones Sociales” (1921-1927)
Luis Castro Castro*
La visión que tuvo la iglesia católica
tarapaqueña de la llamada cuestión social es el interés principal de este
artículo. Centra su análisis en el período 1921-1927, años en que se editó el
semanario “Las Cuestiones Sociales”, órgano oficial de difusión de las ideas de
la jerarquía eclesiástica local sobre esta materia, y la etapa más interesante
-en cuanto planteamientos de este orden- del obispo José María Caro como jefe
de la iglesia de Iquique.
Introducción
La llegada del capitalismo al país, hacia la
segunda mitad del siglo XIX, trajo consigo una serie de complejos fenómenos de
orden social, entre ellos la conflictiva relación capital-trabajo, la
indigencia de los sectores populares urbanos que aumentaban a raudales producto
de la migración campesina y el surgimiento del proletariado en las faenas
mineras. Denominado este proceso como la “cuestión social”, no sólo caracterizó
la historia de Chile entre 1880 y 1930, siendo preocupación intelectual y
política de diversos sectores de la vida nacional de aquella época
(Valdivieso,1999: 554-558), sino además tuvo a la provincia de Tarapacá como un
escenario privilegiado.
En este septentrional y árido lugar, la
complejidad de la cuestión social fue palpada de modo intenso en un medio
socio-económico, la actividad extractiva del salitre, bastante hostil para la
vida de los más necesitados, condicionando de uno u otro modo el comportamiento
de todos los actores sociales y políticos existentes en ella. Fue el caso de la
Iglesia Católica que, inserta precariamente en el acontecer tarapaqueño ligado
a la explotación del “oro blanco”, tuvo que dar cuenta de manera perentoria y
singular de esta realidad. Tal demanda hizo que al interior de la jerarquía
local junto con discutir los alcances de esta problemática, también afrontaran
públicamente el cómo la iglesia debía vincularse activamente en la búsqueda de
justicia social y mejores condiciones de vida para la clase trabajadora.
Parte importante de
este discurrir, la iglesia católica tarapaqueña lo llevó a cabo a través del
semanario “Las Cuestiones Sociales”, haciendo de esta publicación periodística
un medio relevante de opinión pública durante la década de 1920. En efecto,
además de tocar la temática de los males sociales bajo una óptica cristiana, en
este medio se opinó sobre el desarrollo regional, la gestión municipal, la
representación parlamentaria, etc.
Tomando en cuenta la importancia de este semanario
como voz oficial de la iglesia católica de Tarapacá y su inserción en la discusión
pública regional, en este trabajo abordaremos el concepto de “cuestión social”
que tuvo el catolicismo tarapaqueño a través de él, acentuando una descripción
de los elementos conceptuales como las orientaciones prácticas.
La
iglesia católica y la problemática social durante el ciclo salitrero
No cabe duda que la provincia de Tarapacá estuvo,
entre las décadas de 1880 y 1930, en lo más profundo de la caldera social. En
este contexto, la adecuación de la Iglesia Católica a los cambios sociales que
surgieron con la minería del salitre no fue nada de fácil. Por un lado, su
presencia en los lugares más densamente poblados fue durante mucho tiempo
bastante precaria. Por otra, su ingerencia y gravitancia en la sociedad
tarapaqueña fue exigua, adscribiéndose a una acción pastoral que se reducía a
visitas esporádicas e intermitentes a las distintas oficinas salitreras,
pueblos, puertos y caletas, lugares en donde se desenvolvía sin freno la
diversión y los vicios, como también las ideologías socialista y anarquista.
Las palabras del obispo José María Caro, expresadas en el año 1925 a propósito
de los sucesos de San Gregorio en la pampa salitrera antofagastina, en pleno
ejercicio de su vicariato, son muy decidoras en este sentido:
“Rarísima es la
Oficina que tiene un local apropiado para los actos religiosos; de modo que el
obrero aprende desde que llega a ellas el desprecio por la religión que ha
practicado en otra parte, con el sólo hecho de (no) encontrar en la nueva
población una capilla, por miserable que sea. Y ojalá en todas las Oficinas
hubiera siquiera buena voluntad para dar las facilidades posibles al sacerdote
o misionero, habiendo encontrado yo mismo insuperables dificultades varias” (Caro,1925: 242).
Cuatro fueron las
causales para esta escasa inserción del catolicismo tarapaqueño en la compleja
trama social del mundo salitrero:
Primero: el fuerte
arraigo de la tradición evangelizadora andina que terminó demarcando, en los
comienzos de esta nueva etapa, un sinnúmero de contradicciones y desajustes
respecto al modo de actuar, a los códigos comunicacionales y a la manera de
enfrentar un nuevo corpus cultural. La expulsión de sacerdotes peruanos,
el abandono de parroquias en los valles y altiplano, y la presión para
posesionarse ante un cambio de corto plazo, reflejaron con dramatismo este
proceso transicional. Mientras la sociedad tarapaqueña rearticulaba su tejido
social a fuerza de combo, pala, sudor y salitre, la Iglesia Católica permaneció
a la expectativa, en un plano secundario.
Tercero: la
configuración por parte de los trabajadores organizados de un ethos afincado en
una cultura obrera ilustrada y de raigambre racional-socialista, cuestión que
terminó por darle al comportamiento cotidiano de los sectores populares
ideológicamente más avanzados, un carácter francamente laico, anteponiendo una
barrera casi infranqueable para el catolicismo en el seno del proletariado del
salitre (Devés, 1990-1991).
Cuarto: el
sincretismo cultural que enmarcó la constitución del tejido social en el
espacio salitrero, lo que facilitó al interior de las expresiones religiosas de
los obreros del salitre manifestaciones de fe francamente autónomas respecto a
la jerarquía e institucionalidad católica. De este modo, muchos elementos que
hoy en día denominamos como de “religiosidad popular” terminaron configurando
una distancia informal con el catolicismo encerrado en las iglesias (Núñez, 1989; Uribe, 1968 y Van Kessel, 1986).
A pesar de esta
precariedad, el catolicismo tarapaqueño centró sus propósitos y esfuerzos en
consolidar un funcionamiento que le permitiese adentrarse en el meollo del
conflicto social. Así, la instalación de parroquias en todos los pueblos
salitreros y oficinas en donde se lo permitiesen, terminó constituyéndose en
una acción doctrinaria que buscó hacer visible -para los obreros pampinos,
trabajadores portuarios y los pobres de Tarapacá- la institución de la Iglesia
y su “palabra social”. Como resultante, esta particular preocupación pasó a
constituirse en parte esencial de su labor evangelizadora, un quehacer que
encontró terreno fértil con la llegada del obispo Martín Rücker como gobernante
del vicariato en 1907. Este notable y precursor personaje, puso en el tapete
del discurso eclesial precisamente la cuestión social, provocando un giro
sustancial en el modo de actuar y de ver de todos los miembros de la iglesia
(tanto religiosos como laicos), socializando un discurso propio sobre este
asunto (García, 2001: 10-12 y León, 1998:104-127).
La designación de
José María Caro al vicariato de Tarapacá en 1911 vino a consolidar el proceso
iniciado por Rücker(1). Este contaba con la experiencia y conocimientos
suficientes de la realidad regional, tanto del espacio salitrero como del
andino, a raíz de su labor pastoral a mediados de la década de 1890 cuando
había sido presbítero de Mamiña y sus alrededores(2). De esta
manera, su presencia a la cabeza del catolicismo tarapaqueño dio cuenta de una
carrera desarrollada al interior de la provincia, como igualmente de una
destacada preocupación por los problemas sociales, especialmente el de la
pobreza, la educación, la chilenización y la defensa de los ciudadanos respecto
a la corrupción administrativa. Con estos antecedentes, apenas llegó Caro al
vicariato intensificó la labor pastoral y doctrinaria respecto a los temas
sociales, proceso que culminó con la creación de la Acción Social Católica de
Iquique en 1915, siendo este marcado énfasis el fundamento característico de su
conducción de la iglesia tarapaqueña (García, 2001:13).
Caro implementó un
catolicismo francamente social que intentaba acercar a laicos y religiosos en
torno a esta problemática, en una iglesia que podía definirse como abierta al
mundo.
Esta suerte de socialización de la orientación
pastoral y doctrinaria fue sostenida por José María Caro a través de una serie
de instancias que buscaron, como ya se mencionó, acercar y complementar la
labor de los laicos con los deberes de los sacerdotes, como igualmente el
vincular de manera más directa a religiosos con el conjunto de la sociedad
tarapaqueña, y en especial con los sectores obreros. Una de estas líneas fue la
implementación de medios informativos y divulgativos de las ideas católicas,
editándose “La Luz” y el semanario “Las Cuestiones Sociales”3. Los objetivos primordiales de estas publicaciones fueron:
a. Asentar claramente en la opinión pública de
Tarapacá los fundamentos de la visión católica sobre esta particular materia.
La cuestión obrera y
social en el semanario “las cuestiones sociales”
1. El problema social
Primero: la descomposición íntegra de lo que
definió como el “carro social”, es decir, la diferenciación social que
terminaba por beneficiar a unos pocos y sumir en la pobreza a una inmensa
mayoría de trabajadores. No siendo esta una falla parcial, sino un mal
estructural, su origen se encontraba en las degradantes relaciones
socioeconómicas que se estaban dando en el país y no en determinadas
circunstancias culturales o políticas (LCS, Nº 1, 23 de febrero de 1921:2).
Tercero: si el “carro social” describía un estado
de degradación, el camino por donde éste transitaba no era mejor. La verdad, la
sinceridad y la valentía, componentes fundamentales del transitar hacia una
sociedad más equitativa, estaban siendo reemplazados por un nefasto sendero
constituido por la adulación, la violencia, la mentira y la cobardía; en tanto,
la necesaria justicia social en el trato entre capital y trabajo, era
sobrepasada por el andar de la corrupción y la ilegalidad (LCS, Nº 1, 23 de
febrero de 1921:4).
Cuarto: la responsabilidad que les cabía a los
conductores del “carro social” respecto a las fallas de sus componentes,
representaba un último aspecto constitutivo de la permanencia de la cuestión
social. Años de conflicto entre capital y trabajo, en los hechos no habían
significado nada en la toma de conciencia del problema por parte de la clase
dirigente, lo cual terminaba por conformar un circuito cerrado y vicioso
causante de la sistémica situación degradante de los obreros. En este sentido,
la elite política tenía en sus manos -si hacía un correcto diagnóstico- parte
importante de las soluciones (LCS, Nº 1, 23 de febrero de 1921:4).
Desde esta posición, la iglesia católica
tarapaqueña fue clara en señalar que la evidencia del andar áspero, incómodo,
irregular y peligroso del “carro social” no ameritaba cuestionamiento alguno, y
que la persistencia del conflicto se sostenía en la medida que esta situación
se había convertido en un elemento de simple retórica de intelectuales
preocupados por el bienestar social, pero desconocida en la práctica por los
detentadores del poder político. En consecuencia, la cuestión social seguía
exactamente en el mismo lugar en donde había comenzado(5). Tomando en cuenta este crudo diagnóstico, era mérito suficiente para
que en los católicos existiera una actitud drástica en el plano práctico para
evitar la tragedia de una nación destruida, mandato que le cabía por sobre todo
a la propia iglesia en su tarea pastoral:
“Nuestro propósito es el de poner de nuestra parte
lo que, como católicos podemos y debemos poner para conseguir el mayor
bienestar social. Vamos por tanto, a trabajar porque reine en la sociedad la
justicia de la caridad” (LCS, Nº 1, 23 de febrero de 1921:1).
2. Definición y alcance de la cuestión social
Para la iglesia Católica de Tarapacá esta mentada
cuestión social reflejaba en toda su cruda realidad el estado en que se
encontraba la clase trabajadora, específicamente su desmedrada situación
laboral, su alicaída moral, su desamparo y sus justos sentimientos de
descontento canalizados en las recurrentes huelgas. Siendo todas estas
expresiones el mejor indicativo de tan profunda crisis social, de acuerdo a su
parecer denotaban una clara “cuestión obrera” (LCS, Nº 8, 11 de abril de 1921:
1). Bajo este principio, la homologación entre cuestión social y cuestión
obrera tenía por propósito el desafectar tajantemente cualquier atisbo de
inconveniencia en la sociedad que no correspondiera al ámbito de las relaciones
entre capital y trabajo.
Y una cuestión religiosa, debido a que:
De lo anterior, podemos desprender la existencia
de una concepción de cuestión social muy compleja que se nutrió, en su
configuración, de diversos elementos que ya estaban presentes en la iglesia
católica de Tarapacá: la encíclica Rerum Novarum, la larga historia y
triste balance de las huelgas de los trabajadores salitreros, la organización
obrera y su cultura ilustrada, la precaria presencia de la iglesia en el mundo
pampino, y la dura relación capital-trabajo existente en la industria minera
del salitre.
La definición de
cuestión social se sostuvo en dos planos: el terrenal, donde interactuaban de
manera conflictiva lo económico y lo social; y el espiritual, donde se
presentaba lo moral y lo religioso. En el eje capital-trabajo se asentaba la
relación “cuestión económica” y “cuestión social”, y en el eje patrón-obrero se
sostenía la vinculación “cuestión moral” y “cuestión religiosa”. El desbalance
interactuante entre estos dos planos daba pie a la realidad decadente, amoral,
desigual e injusta de la clase trabajadora (LCS, Nº 8, 11 de abril de 1921:1). Con esto, la cuestión social quedaba claramente delimitada,
permitiendo la plena identificación del sujeto sufriente de los males
descritos.
3. Las soluciones
cristianas a la cuestión social
Dada la envergadura
de la problemática social, las soluciones propuestas por la iglesia católica de
Tarapacá dieron cuenta de cinco aspectos: hacer evidente la cuestión social,
describir el método católico para enfrentar correctamente esta situación de degradación
social, desechar la igualdad económica genérica como la solución base del
conflicto, insertar al movimiento social obrero contestatario en las
estructuras institucionales como una forma de aminorar su impacto
desestabilizador, incentivar la asociación de los trabajadores, y establecer la
solución definitiva en un marco estrictamente legal.
Veamos una por una:
Primero: era claro,
desde el punto de vista del catolicismo tarapaqueño, que las visiones
económicas imperantes habían establecido sistemas sociales desiguales. Por una
parte, la economía liberal con su “dejar hacer”, había entregado sin defensa
alguna a las clases trabajadoras a un capitalismo desenfrenado en sus
ambiciones de lucro. Por otra, la economía socialista con su afán de atribuir todo
al Estado, no había más que establecido un reflejo violento a los males
causados por la doctrina económica liberal, traspasando la vida de los
trabajadores de un amo, el capitalismo extremo, a una tiranía mucho peor, el
esclavismo de Estado (LCS, Nº 21, 21 de junio de 1921: 3). Ante esto, proponía a la doctrina católica como
el necesario “justo medio”, el equilibrio que se necesitaba para una solución
equitativa entre dos dogmas sociales distorsionadores de la magra realidad de
los obreros. La única manera, entonces, de superar esta cuestión social, era
identificar los dos orígenes del conflicto (capitalismo y socialismo) y
plantear con convicción y pragmatismo el camino de la “justicia de la caridad”:
“La autoridad tiene
un papel, que no es tan poco como quieren los de la primera escuela; ni tan
absorbente, como quieren los de la segunda. Debe dejar libertad a los
particulares para que desarrollen todas sus energías e iniciativas, para que
acrecienten sus fortunas y con ellas la riqueza de la nación; pero también debe
evitar todo abuso de los fuertes contra los débiles; debe dejar todo lo que
importa al bien común cuando no lo pueden hacer los particulares; debe tomar a
su cargo aquellas empresas que el bien común exige que sean administradas por
el Estado más bien que por los particulares; debe inspirarse en el anhelo de
procurar el bien de todos y en especial de los más, que son los pobres, los
obreros” (LCS, Nº 21, 21 de junio de 1921: 3).
Ciertamente, esta
solución operó en una búsqueda intensa del camino propio, una alternativa que
desde el catolicismo se posesionara en lo político para beneficio de la clase
más necesitada, los obreros y trabajadores del salitre(7).
Segundo: dada la magnitud de los conflictos
sociales, la posibilidad de acceder a una solución real y definitiva requería
obligatoriamente el establecimiento de un método básico y sustantivo. En este
caso, un método que se visualizaba con relación a dos niveles: uno le daría
consistencia teórico-propositivo, el otro ajustaría la práctica a llevar a cabo
para concretar la solución católica de la cuestión social. De este modo, para
la iglesia tarapaqueña, el punto de partida estaba determinado por la
adscripción a un “cristianismo práctico”, cuya finalidad era el posibilitar una
concordancia efectiva entre las relaciones sociales, la justicia y la caridad:
“Necesitamos, por tanto, cristianismo práctico,
que haga reinar en todas nuestras relaciones sociales la justicia y la caridad;
que anteponga a todas las conveniencias del momento las de la verdad y de la
legalidad, las del respeto a todos los derechos; y que por fin alumbre con sus
doctrinas las oscuridades del camino y la ceguera de los que llevan la
dirección de los movimientos sociales” (LCS, Nº 1, 23 de febrero de 1921:4).
Definido el marco de acción a través de la
adscripción a este cristianismo práctico, buscando avanzar más allá de una
retórica católica concordante con el dogma pero ineficaz a la hora de resolver
el conflicto, el método apuntaba a establecer las directrices concretas mediante
las cuales la doctrina social lograría generar las vías de solución. Estas
debían ser las siguientes: el procurar un mejoramiento en la vida del pueblo,
atendiendo su miseria material y darle instrucción fundamentada y lógica; de
otro modo, una “palabra activa” que se preocupara de su pobreza espiritual
(LCS, Nº 224, 24 de septiembre de 1925:1).
Estos medios lograrían anteponer la “acción
social”, definida como la inserción institucional y “en orden” de las demandas
sociales, por sobre la “destrucción social”, procurada como una falsa solución
por socialistas, anarquistas y agitadores (LCS, Nº 224, 24 de septiembre de
1925:1). Precisando su posición, la iglesia local dirá:
“La cuestión social no estará solucionada mientras
en la mente de nuestro pueblo no se reemplace la idea de destrucción de todo,
por la de respeto a las autoridades; la idea del ateísmo materialista por la
idea del Dios espiritual” (LCS, Nº 224, 24 de septiembre de 1925:1).
A pesar que esta alternativa les planteaba a los
católicos una frágil diferencia entre pragmatismo y simple retórica ideológica,
el llamado al clero tarapaqueño fue perentorio a participar en la acción
social, a que se insertaran en el conflicto incluso a riesgo de pasarse por
momentos hacia la acción política propiamente tal. De algún modo, se entendía
que este riesgo se minimizaría por la claridad doctrinaria en lo referente a
las soluciones cristianas para las cuestiones sociales. Este fue el sentido de
expresiones tales como:
“Y si bien el reinado de la Iglesia es de un orden
espiritual, pero sus miembros, sus hijos, son hombres que viven en el tiempo,
que tienen además alma, cuerpo, en fin y sobre todo que de ese tiempo se tiene
que valer para la eternidad y de ese cuerpo se tienen que servir para el
espíritu. Y veladora del derecho y del orden natural, sabe que para servir a
Dios y practicar la virtud, hace falta un relativo bienestar, porque para
santificarse y merecer, hace falta vivir y para vivir hace falta tener recursos
de vida. Por eso la Iglesia siempre ha practicado la acción social...” (LCS, Nº
263, 8 de julio de 1926: 1).
El cristianismo práctico se fundamentó en la
doctrina social católica, señalando claramente el derrotero que legitimaba su
ingerencia en los males sociales sin traspasar la barrera de lo político. Esta
conjugación, en definitiva, le posibilitaría plantear a la iglesia católica de
Tarapacá la certeza del levantamiento del “edificio de la solución social”. Un
edificio cristiano, equilibrado, estable, persistente, bastante alejado de “los
que sólo se apoyan en los derechos de los patrones y las obligaciones de los
obreros” (LCS, Nº 263, 8 de julio de 1926: 1).
Tercero: lo anterior se
complementaba con el dar cuenta de la inexistencia de una igualdad económica
genérica. Es decir, desde el punto de vista del catolicismo tarapaqueño,
ciertamente había igualdad natural que partía del principio de que todos eran
hijos de Dios, no obstante, en las relaciones económicas y sociales las
diferencias se derivaban de las distintas capacidades y talentos. Cada persona
tenía, y debía, preservar su propia y singular identidad, ya que el intentar
hacer una tabla rasa era antinatural y antihumano, sobre todo porque negaba la
individualidad (LCS, Nº 46, 12 de enero de 1922:1).
Bajo este concepto, lo que se quería resaltar era
que si bien no todos los hombres y mujeres eran iguales como individuos y
actores económicos, sí tenían iguales deberes y derechos; en consecuencia eran
estos últimos los que debían regir obligatoriamente el orden socioeconómico. Y
si bien no se le podía negar al capitalista el derecho a recibir los frutos de
su empresa, tampoco se podía desconocer que el producto del trabajo pertenecía
al trabajador. Lo importante era que la parte que se le debía dar al obrero de
los frutos recogidos de la empresa a través del salario tenía que corresponder
en justicia a la parte aportada por su trabajo (LCS, Nº 26, 25 de agosto de
1921:2).
Por lo anterior, la igualdad económica genérica
como remedio a los males sociales chocaba con lo siguiente:
“Para alcanzar la igualdad económica de todos los
hombres se necesitaría o que todos tuviesen iguales fuerzas productoras, lo que
no depende del hombre ni de los gobiernos, pues la naturaleza o su Autor las da
desiguales; o bien se necesita que la fuerza de la ley las igualara, (...); o
bien que se despojara a cada cual del fruto de su trabajo, una vez producido,
para repartirlo igual...” (LCS, Nº 46, 12 de enero de 1922:1).
En consecuencia, la solución a la problemática
social no estaba en la igualdad, sino en el establecimiento de la justicia de
deberes y derechos para todos, y en la caridad hacia los más necesitados y
débiles (LCS, Nº 46, 12 de enero de 1922:1).
Cuarto: tomando en cuenta las características de
la relación capital-trabajo, es que la propuesta de asociación se enunció como
una necesidad para resguardar los justos derechos de los trabajadores en
relación con su aporte laboral. Desde la perspectiva del catolicismo
tarapaqueño, la asociación aminoraba la posición desmedrada de los obreros para
enfrentar individualmente al dueño del capital, como también constituía un
resguardo para la propaganda rupturista. Como lo explicitara José María Caro:
“... es evidente
que, si los obreros buenos, que trabajan a satisfacción de sus patrones, no se
asocian, quedan expuestos, como ya lo he dicho, a la propaganda malsana, por un
lado, y por el otro, a las vejaciones sin cuento, que al fin los harán rendirse
o mandarse cambiar. Es pues de urgente necesidad que ellos se unan en
asociación o federación bien dirigida” (Caro, 925:244).
El tipo de asociación que se propuso no constituyó
una definición en sí al estilo de caracterizar una iglesia optativa
ideológicamente, como el catolicismo argentino de los años 1930 que asumió
institucionalmente el corporativismo, sino más bien buscó, utilizando la
practicidad tan arraigada en los religiosos tarapaqueños, abarcar la mayor
cantidad de espacios posibles en las organizaciones obreras existentes. Como
resultado de lo anterior, se planteó la creación de cooperativas sociales obreras,
gremios profesionales, sindicatos y una federación nacional de trabajadores
católicos (LCS, Nº 7, 7 de abril de 1921:1; LCS, Nº 15, 9 de junio de 1921:4).
Lo importante es que este propósito terminó vinculando, directa e
institucionalmente, a la iglesia católica tarapaqueña con los estamentos
sociopolíticos con los que convivía. Un nexo que se fue dando, entre otras
modalidades, por medio de la cooperación de laicos y religiosos al trabajo de
creación y desarrollo de organizaciones sindicales, a través de la emisión
pública de demandas por justicia social, y mediante la búsqueda explícita de
mayores espacios políticos para la participación de los católicos.
Quinto: tomando en cuenta los alcances
degradatorios de la cuestión social, la iglesia tarapaqueña planteó el
reconocimiento de la huelga obrera como un mecanismo complementario del derecho
a asociación. Al entender de ésta, negar su uso como instrumento de defensa
laboral implicaba -peligrosamente- el no dar cuenta de los verdaderos alcances
de la problemática existente y potenciar su magnitud. Y si bien la huelga
generaba un daño desestabilizador, no se podía desconocer que los trabajadores
eran “libre(s) por naturaleza para dar o negar su trabajo”, y que esta actitud
se justificaba sin reparos cuando éstos sufrían constantes “injusticia(s) en
alguna condición del trabajo” (LCS, Nº 28, 8 de septiembre de 1921:1).
Para este umbral doctrinario, el punto de partida
se daba a propósito de que los obreros obligadamente necesitaban tener alguna
defensa natural contra la injusticia, defensa que se amparaba en el derecho a
establecer algún medio que reforzara sus justos reclamos (LCS, Nº 28, 8 de
septiembre de 1921:1).
Desde su punto de vista, la iglesia tarapaqueña no
veía a la huelga como un elemento perturbador en sí del equilibrio entre
deberes y derechos, sino más bien el peligro se asentaba en la violencia
instaurada en estos movimientos. Por tanto, resistir la legitimidad y legalidad
de estas acciones colectivas era “una torpeza”; lo recomendable era, en este
caso, seguir las orientaciones del cristianismo práctico, tratando de encauzar
convenientemente las huelgas obreras y esforzarse por “establecer sobre sólidas
bases la armonía entre el capital y el trabajo” (LCS, Nº 8, 11 de abril de
1921:2).
Esta conducción armónica debía ser esencialmente
legal, denotando con ello un conocimiento profundo y cristiano del problema. Si
los conflictos huelguísticos se habían desatado a lo largo del país, era porque
la elite política se hallaba enteramente desprevenida respecto al despertar de
la clase trabajadora, no sabiendo cómo actuar y qué instrumentos de solución
usar; y porque el gobierno no se había apartado de una política de
contemplaciones y de simples arreglos transitorios.
Desde el punto de vista de la jerarquía iquiqueña,
esta legislación era el componente más gravitante para solucionar la cuestión
social. Primero, detendría el atraso en que se encontraba el país en esta
materia; y, enseguida, aminoraría la ineficacia administrativa y los injustos
intereses patronales. Congruente con lo anterior, los contenidos de esta
legislación social trataban de abarcar un conjunto coherente de aspectos que
regularan legalmente los puntos más conflictivos en la relación laboral, entre
ellos:
1. La ley antialcohólica, cuyo objetivo era evitar
la degeneración humana y social de los trabajadores.
Como se aprecia, la legislación social propuesta
por la iglesia tarapaqueña denotaba un conjunto de medidas bastante complejas y
modernamente precursoras para el período, no obstante dejar traslucir una
mirada del obrero, como actor social, francamente paternalista. Con estos
planteamientos, la jerarquía eclesiástica de Tarapacá no tan sólo asumía a
priori una condición de inmadurez de los sectores populares, sino también
afincaba un mecanismo que le permitía canalizar la “subversión social” de
anarquistas y socialistas en un marco legal de relaciones laborales.
Una iglesia inserta en lo social
La elección de una dinámica práctica por parte de
la iglesia tarapaqueña respecto a la cuestión social, estuvo fuertemente
condicionada por la cruda realidad de los obreros del salitre. Una realidad que
le demandó, a parte de una acción pastoral más nítida y sólida en lo
doctrinario y en lo institucional, la necesidad de debatir su punto de vista en
el ámbito de lo político. Reconociendo esta necesidad ineludible, la iglesia
provincial fundamentó de modo preciso su accionar de modo tal que se enmarcara
en la “alta política”, es decir, dentro de aquella actitud que optaba por una
clara y decidida defensa del hombre a partir de los valores cristianos que
profesaba(9).
En este sentido, la defensa de los derechos
humanos de los trabajadores del salitre predefinió de manera precursora en la
administración católica local el deber de la Iglesia de estar en el campo de la
realidad humana. Como muy bien se definió en el primer número del semanario
“Las Cuestiones Sociales”, el propósito fundamental era el de actuar y
“trabajar” por una sociedad justa y caritativa a partir de una obligación que
se daba por el hecho de definirse como católicos (LCS, Nº 1, 23 de febrero de
1921:1).
Lo anterior, le posibilitó a la iglesia
tarapaqueña el señalar públicamente que la participación práctica que le cabía
en la problemática social se fundamentaba no sólo en una labor pastoral que se
agotaba con la prédica al interior de la parroquia, sino que principalmente se
potenciaba con la búsqueda de la justicia y la caridad afuera de los recintos
religiosos, en el meollo de la caldera social. A su haber, el asunto medular
era que si bien “el reinado de la iglesia” era de un orden espiritual, sus
miembros, “sus hijos”, vivían en el tiempo terrenal, y que a parte de tener
“alma”, también tenían “cuerpo” (LCS, Nº 1, 23 de febrero de 1921:4; LCS, Nº 4,
17 de marzo de 1921:1-2; LCS, Nº 263, 8 de julio de 1926:1). En otras palabras:
Congruentemente, el discurso social de la iglesia
tarapaqueña no se caracterizó por ser antisistema, sino que se planteó como
crítico de la realidad socioeconómica, buscando reformas sociales y políticas
dentro del sistema político-institucional imperante:
A través de su propósito hegemónico como de su
carácter reformista, la iglesia local buscó establecer un marco de relaciones
con el mundo político más concreto, puesto que delimitaba los alcances
propositivos y programáticos de la tarea pastoral en la conflictiva realidad
social de los obreros del salitre.
Las orientaciones pastorales para una iglesia
social
Las orientaciones pastorales no sólo surgieron
como una consecuencia evidente a raíz de la postura de la iglesia tarapaqueña,
sino también como un “instrumento” necesario para resguardar las diferencias
entre el “evangelio social” y la política. La justificación de la salida
pastoral hacia la cruda realidad del mundo obrero del salitre y la obligada
interacción con los actores que se desenvolvían en ésta, requirió precisar y
regular tanto las responsabilidades e ingerencias de los sacerdotes, como el
comportamiento de los laicos en el conflicto social.
Al amparo de estas premisas, una primera
orientación buscó resguardar la integridad del proceder católico tarapaqueño
hacia lo social, dejando en claro que estaba guiado por una ineludible
obligación. Con tal argumento, se señalaba la existencia de una identificación
intrínseca entre “Iglesia” y “Pueblo” que surgía a propósito de que todos los
hombres y mujeres afectos de los males sociales ameritaban ser resguardados en
la medida que eran “hijos” de Dios, y esto más allá de si cada uno de ellos
profesaban o no la fe católica (LCS, Nº 1, 23 de febrero de 1921:1).
Consecuentemente, la cuestión social pasaba a constituir parte de los pecados a
ser redimidos, necesariamente, a través de la acción y la palabra pastoral.
Planteada la protección a los “hijos” más débiles
y necesitados como un deber de Iglesia, su “intervención” se justificaba
todavía más en la medida que parte importante de estos males encontraba su
causa en la desacralización de las relaciones sociales producto del despojo
descarado que habían realizado el racionalismo liberal y el ateísmo
socio-anarquista en la vinculación de los hombres de trabajo con Dios para la
búsqueda de soluciones justas (LCS, Nº 21, 21 de junio de 1921:3). De esta
forma, el catolicismo tarapaqueño al definir una pertenencia mutua entre
“Iglesia” y “Pueblo”, en tanto una orientación pastoral, buscó acercar sin
traumas ni tapujos a sacerdotes y laicos a la cruda realidad social de los
obreros del salitre, y establecer la ilustración católica como una manera de
evitar la “seducción y el embuste por parte de los sectores no cristianos”
(LCS, Nº 21, 21 de junio de 1921:3). Con este argumento, la asimilación de
“Iglesia” y “Pueblo” vino a constituir el marco conceptual básico a una
propuesta pastoral práctica mediante la aplicación de la sociología cristiana
en la solución de las cuestiones sociales. (LCS, Nº 1, 23 de febrero de
1921:2).
La explicitación de esta sociología redundará en
una segunda orientación: el de tomar al “social cristianismo” para darle
contenido a la acción católica al interior del conflicto social. Mediante el
social cristianismo, la jerarquía eclesiástica asentada en Iquique pretendió
profundizar y delimitar los alcances del modo de operar de sacerdotes,
religiosos y laicos proporcionándole un propósito básico y práctico: “que las
relaciones sociales debían estar reguladas por la justicia y por la caridad”
(LCS, Nº 2, 3 de marzo de 1921:1). La ingerencia pastoral en consecuencia, debía
ajustarse a ciertos elementos propositivos, entre ellos: eliminar la violencia
social, hacer respetar el orden interno -aún incluso pidiendo su perfección-,
negar la destrucción de la propiedad privada, proponer plenas libertades
cívicas -como el sufragio universal-, atacar la politiquería, combatir
eficazmente los vicios y enfermedades de carácter social, encauzar de modo
práctico los movimientos huelguísticos de los obreros, oponerse a la falsa
propaganda social de anarquistas y socialistas y reemplazarla por los
sentimientos de religión, de patria y de familia, etc. (LCS, Nº 2, 3 de marzo
de 1921:1; LCS, Nº 8, 11 de abril de 1921:2; LCS, Nº 12, 3 de mayo de 1921:2;
LCS, Nº 130, 8 de noviembre de 1923: 2; LCS, Nº 139, 10 de enero de 1924:1).
Como se puede observar, un conjunto de orientaciones que en estricto rigor no
fueron muy coherentes en lo particular, aunque sí constituyeron un buen
parámetro a considerar por los sacerdotes a la hora de definir las
características de su quehacer religioso en el mundo obrero del salitre,
cuestión priorizada por la jerarquía local de modo que no se les escapara la
conducción pastoral y que no se autonomizara de la institucionalidad
eclesiástica ni el discurso de justicia social, ni la experiencia cotidiana de
laicos y sacerdotes con los más necesitados.
Atacar lo que denominó el “ateísmo social”, fue
una tercera orientación pastoral emitida por la iglesia tarapaqueña, y tenía un
objetivo muy preciso: coaptar y aminorar la ingerencia de socialistas,
anarquistas y liberales racionalistas en las luchas obreras del salitre por
justicia social.
A partir de un diagnóstico que fue tajante en
señalar que “... los que han abusado del trabajador, explotando su debilidad,
son los mismos que han proclamado en el mundo la soberanía de la razón, el
ateísmo social, el olvido de Dios y de la otra vida” (LCS, Nº 21, 21 de junio
de 1921:3), la jerarquía eclesiástica iquiqueña pretendió justificar -en
estricta razón del evangelio- la premisa de imponer en las reivindicaciones de
los trabajadores la doctrina católica a través de una estrategia fundada en una
sistemática ocupación de espacios no estrictamente religiosos. (LCS, Nº 263, 8
de julio de 1926:1).
“Pero para esto, es necesario que los católicos
ayuden y cooperen en la acción social. Es necesario que instruyan a los
obreros, que les hagan ingresar en instituciones de doctrinas de orden, que, en
una palabra, se conviertan en los apóstoles de una intensa acción social” (LCS,
Nº 224, 24 de septiembre de 1925:1).
Dados los alcances expuestos, esta orientación fue
entendida como un complemento necesario y obligatorio respecto a la demanda de
eliminar el ateísmo social. Estando clara la iglesia tarapaqueña de la
necesidad de contar con un contingente preparado mayor a la cantidad de
sacerdotes y religiosos existentes en la provincia para difundir e instalar los
principios socialcristianos, la preparación de los laicos se tornó en una tarea
prioritaria para abordar la cuestión social, precisando con esto dos tareas
básicas para la obra pastoral: la disputa en la conducción de las asociaciones
obreras en poder de anarquistas y socialistas, y la creación de asociaciones de
trabajadores católicos. (LCS, Nº 7, 7 de abril de 1921:1).
Por último, una quinta orientación pastoral
demandaba el estructurar una relación funcional entre el evangelio y la
política con la finalidad de resguardar los intereses sociales de la Iglesia en
la problemática de los obreros del salitre. Esta relación del catolicismo con
la política, se proponía a partir de la búsqueda explícita de un nuevo orden:
la “democracia cristiana” (LCS, Nº 4, 17 de marzo de 1921:1-2); propuesta que
se sostenía, en el concepto de la jerarquía local, tanto en la dicotomía que
obligaba a todos a optar entre el socialismo y el catolicismo práctico, como en
el entendido de que la democracia cristiana era justa y la democracia de los
políticos “corrupta y egoísta” (LCS, Nº 4, 17 de marzo de 1921:2).
A través de esta orientación, el catolicismo
tarapaqueño buscó una forma de interacción que pusiera en escena los
instrumentos necesarios para incubar al interior de los organismos políticos el
germen de su eliminación y su reemplazo por la doctrina social de la iglesia y
sus organismos asociativos.
Conclusiones
Una mirada
retrospectiva, nos permite señalar que la opción de la iglesia tarapaqueña de
ser parte activa en la búsqueda de soluciones a la cuestión social fue parte de
un proceso que transitó a la par con su trayectoria institucional en el
contexto del ciclo expansivo del salitre. Desde la creación del vicariato, en
1887, la Iglesia comenzó a acumular una experiencia pastoral práctica (por
medio del contacto de sus sacerdotes con la cruda realidad de los obreros
salitreros) que le permitió elaborar una doctrina comprometida con la realidad
social y política de la provincia. Una clara definición católica que terminó
consolidándose y proyectándose por medio de las acciones comprometidas de
Martín Rücker, Daniel Merino Benítez y José María Caro.
No cabe duda que el
catolicismo tarapaqueño, bajo la tutela de estos personeros, representó una
evidente actitud por abordar la cuestión social desde la propia Iglesia,
destacándose como una expresión precursora, en el contexto nacional, de la
doctrina social emanada desde Rerum Novarum. El recoger la acción
católica como una obligación de Iglesia hacia los más pobres, la llevó a
elaborar pautas doctrinarias propias para implementar de modo eficiente su
inserción en el complejo mundo sociopolítico de la minería del salitre,
buscando con ello imponer sus opciones reformistas por sobre las concepciones
revolucionarias de ácratas y socialistas.
Su relación con la política, tomando en cuenta lo
anterior, se verificó en torno a la definición de un catolicismo práctico que
tuvo por función delimitar el paso de una acción pastoral hacia adentro a otra
que debía vincularse con la realidad. En síntesis, la iglesia tarapaqueña no le
temió a su participación en lo social, por el contrario, buscó y justificó su
accionar a propósito de entender su doctrina y sus soluciones como la única
alternativa válida, moral y políticamente, para eliminar los males sociales de
los obreros pampinos, y esto a pesar de evidentes contradicciones en el afán de
obviar ciertas propuestas obreras de raigambre socio-anarquista.
Fuentes y Bibliografía
Notas
* Historiador.
Universidad de Valaparaíso. Correo electrónico: quismalc@yahoo.com.
(1) La trayectoria pastoral de José María
Caro en Tarapacá es abordada en: Vanherk, 196).
(2) Según Juan
Vanherk (1963: 35-44), Caro se desempeñó
como párroco en Mamiña entre 1899 y 1900, debiendo volver a Santiago por
enfermedad, ciudad en la que estuvo hasta su designación como vicario de la
provincia de Tarapacá en 1911. De acuerdo a registros que he encontrado en los
papeles de la Intendencia de Tarapacá lo afirmado por Vanherk no es del todo
correcto, ya que su permanencia en Mamiña se habría extendido, al menos, entre
1895 y 1900.
(3) La prensa católica nortina ha sido
escasamente estudiada, en especial la tarapaqueña. Para una referencia sobre el
periodismo antofagastino de este sesgo religioso a comienzos del siglo XX ver:
González,1989:183-216.
(4) El padre Merino terminó siendo expulsado
de la provincia debido a su acento en lo social y a su oposición tajante a las
Ligas Patrióticas.
(5) Un ejemplo
arquetípico de la preocupación de intelectuales oligarcas por la cuestión
social a comienzos del siglo XX es Enrique Mac Iver y su Discurso sobre la
crisis moral de la República pronunciado en el Ateneo de Santiago el 1 de
agosto de 1900. Una descripción más detallada de esta intelectualidad en:
Grez,1995:519-528.
(6) Un claro
ejemplo del nivel de ruptura que estaban alcanzando los planteamientos de los
obreros del salitre hacia la segunda década del siglo XX, son las
deficientemente estudiadas huelgas del Alto San Antonio, al interior de
Iquique, en el año 1925. Detrás de la sangrienta culminación de los conflictos
de La Coruña, San Pedro y otras oficinas salitreras del área, hubo una apuesta
ideológica de los obreros anarco-comunistas por implementar una opción
radicalizada, revolucionaria y con uso de la violencia como método político que
se hace necesario abordar con detenimiento por la historiografía para así
entender el comportamiento de los otros actores involucrados, como por ejemplo
la iglesia Católica. Para las huelgas de este período ver: Harambour, 1998:
183-192.
(7) Es claro que esta propuesta se asocia a lo
que posteriormente, desde la trinchera del Falangismo y la Democracia
Cristiana, se llamó la Tercera Vía. Es decir, un preámbulo local de lo que
sería -entre las décadas de 1950 y 1960- la búsqueda política de los católicos
(adscritos al comunitarismo y al socialismo) de cambios estructurales en un
contexto de sistema mixto.
(8) Los antecedentes legislativos que hacía
mención la iglesia católica tarapaqueña para argumentar su propuesta de
legislación social eran: el proyecto de Ley Social de los senadores
conservadores promocionado en la década de 1890, la Ley de Accidentes de
Trabajo redactado por Alfredo Barros y la Ley de la Silla presentada por
Romualdo Silva Cortés.
(9) Respecto al
concepto de alta política en el ámbito de la Iglesia Católica Chilena, hemos
seguido el esquema de Araneda; 1988.
